Sin improvisaciones

Según un especialista, los fabricantes de equipos de izar necesitan adecuarse a la nueva directiva de la NR-12 y solamente la fuerza de la fiscalización y certificación técnica puede lograrlo

Al menos legalmente, las improvisaciones absurdas, las adaptaciones extrañas y los equipos de izar inseguros ya no tienen lugar en Brasil. Introducido en 2011 en la Norma Reguladora n. o 12 (NR-12), el Anexo XII –Equipos de Izar para la Elevación de Personas y Realización de Trabajo en Altura– regularizó el proceso del proyecto y fabricación de equipos como cestas suspendidas, cestas acopladas y cestas aéreas, utilizadas para la elevación de personas, para la realización de trabajo en altura.

De hecho, el avance en la normalización técnica era más que necesario, teniendo en cuenta las condiciones laborales inseguras y los accidentes en segmentos como el de mantenimiento de redes eléctricas, los cuales con frecuencia pueden causar la muerte. Claro que, si el operador no se siente seguro para utilizar el equipo, tiene derecho a negarse a realizar la tarea, como estipulan las normas reguladoras.

Pero ello no basta. Después de su entrada en vigor, que tuvo lugar en 2013, la ley todavía no se cumple como sería necesario y de desear. “Contamos con datos estadísticos razonables, lo que falta realmente es fiscalización, pues si usted sale a la calle, verá una cesta acoplada de forma indebida a una grúa y verá un trabajador actuando”, corrobora el ingeniero Hélio Domingos Ribeiro Carvalho, coordinador de herramientas y equipos de la Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) y coordinador de la Comisión de Estudios de Cestas Aéreas de ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas).

Según el especialista, el punto central para garantizar la aplicación de la ley es aumentar la fiscalización del uso de los equipos, lo que en la práctica no es nada fácil. El Ministerio de Trabajo dio un plazo de diez años para la adecuación de los equipos, pero el seguimiento del mercado ha sido insuficiente, pues el cuadro de auditores es reducido en proporción al tamaño del país. “Sin hablar de que son varias NR que demandan fiscalización por parte del órgano público”, dice.

Para ello, otra posibilidad es la certificación de los fabricantes en la salida del producto de la línea de producción, disminuyendo la posibilidad de adoptarse soluciones inadecuadas. “Si se presiona a las empresas para que actualicen los equipos, esta substitución tendrá lugar de forma normal”, dice. “Y ello puede incluso estimular el mercado para ellos”.

DIVULGACIÓN

El problema es que todavía no existe una entidad certificadora oficial en el país, según los parámetros de Inmetro. De este modo, cuando una empresa busca adecuarse a la norma, termina comprando “gato por liebre”, pues la solución no cumple los requisitos. “La certificación será excelente”, conjetura Carvalho. “El fabricante idóneo entraría en contacto con la entidad, que certificaría su producto”.

Sucede también que esto tiene un impacto directo en el costo de los equipos, siendo que mucha gente busca precios y le va mal sin saber. “Entre un sistema automatizado con sensores y un manual, la diferencia de precio es inmensa”, subraya el especialista. “Hay una electrónica en juego que marca la diferencia, pero el fabricante de barrio pone en el folleto que cumple la ley y la persona compra con confianza, creyendo que está haciendo lo correcto”.

Otro aspecto, que deriva del primero, se refiere al mantenimiento. Junto al equipo adecuado, también es necesario tener un programa de mantenimiento correcto. “El uso seguro requiere un buen manual de operación y mantenimiento. Pero si la persona no sabe ni siquiera diferenciar un producto falso de uno verdadero, ¿cómo va a realizar el mantenimiento del equipo, que es más complejo?”, se pregunta el especialista.

Para superar esta falta de conocimiento, entidades como la Fundación COGE –que reúne a las concesionarias de energía eléctrica de Brasil– viene trabajando para establecer modelos de certificación para las empresas. “Este grupo no tiene poder de autoría u oficialización para realizar homologaciones, pero trabaja para divulgar el conocimiento dentro del sector eléctrico”, explica Carvalho, añadiendo que para difundir más este tema, el grupo lleva a cabo acciones como publicación de cartillas, seminarios, talleres y capacitaciones.

El próximo paso es publicar una lista de fabricantes que cumplan la norma en la página principal de la Fundación. “Otro procedimiento en proyecto es la creación de una comisión dentro de la empresa, para estimular las auditorías voluntarias, aunque por ahora se trata solo de conjeturas”, puntualiza el ingeniero, que también es miembro del grupo técnico del Anexo XII de la NR-12 y del grupo tripartito de la NR-35. “Queremos crear multiplicadores, ofreciendo capacitación de calidad dentro de la fundación para que después puedan divulgarla en las respectivas empresas. De este modo, por lo menos dentro del sector eléctrico, conseguiremos blindar las empresas del sector para que no compren los equipos equivocados”.